Bajo convenio de cooperación firmado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social con la Defensoría del Pueblo de San Juan, se llevó adelante la primera capacitación a agentes públicos de dicho organismo en prevención y erradicación de la violencia y la discriminación de género.
La apertura estuvo a cargo del titular de la Defensoría del Pueblo, Pablo García Nieto; de la directora de Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, Adriana Ginestar y de la vicedirectora de la Dirección de Mujeres, Victoria Benítez.
El objetivo de dicha capacitación fue generar diversas herramientas conceptuales con perspectiva de género y diversidad sexual, entre otras temáticas.
Asimismo, prevenir la violencia de género; identificar los roles y estereotipos que inciden en las prácticas personales, profesionales e institucionales, como también brindar el asesoramiento adecuado y los recursos básicos para orientar a las mujeres en situación de violencia.
Al respecto la directora de Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, Adriana Ginestar expresó “en el mes de marzo el ministerio de Desarrollo Humano firmó un convenio con la Defensoría del Pueblo a los fines de poder implementar la capacitación obligatoria de la Ley Micaela. Es por eso que hoy estamos dando comienzo a dicha formación”.
“La misma está conformada en tres grupos con un total de 75 personas que pertenecen al personal de la Defensoría, donde se trabajará en los próximos meses, logrando así sensibilizar y concientizar sobre la temática con perspectiva de género y diversidad”, agregó Ginestar.
En este marco, el Gobierno de San Juan continúa con la implementación de diversas políticas públicas para el abordaje contra las violencias por motivos de género en todas sus formas, como también, la adecuada intervención frente a las mismas.
Ley Micaela
La Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (N° 27499) es una ley promulgada en Argentina en 2018 que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Esta acción fue resultado de la movilización social tras el femicidio de la adolescente Micaela García en 2017 y generó exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación en perspectiva de género.
