En la construcción colectiva y plural del Acuerdo San Juan convocado por el gobernador Sergio Uñac, tuvo su primer encuentro el sector de ONG y Derechos Humanos. La meta del proceso es aportar acciones a corto plazo pensando en el San Juan del futuro.
Fabiola Aubone, ministra de Gobierno y coordinadora general de ASJ, dio la bienvenida a la mesa y recordó que la propuesta del gobernador es construir el San Juan del futuro, poder escuchar y tejer el entramado de ideas que permitan salir de esta pandemia con una economía menos dañada y con mas inclusión social. “Tenemos el segundo mejor estatus sanitario del país y esto es gracias a la acción de todos, ahora tenemos que mantener eso y pensar en lo que se viene. El respeto por los DDHH es fundamental porque no hay desarrollo posible sin esto”.
Por su parte Nerina Eusebi, secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, recordó que esta es una instancia de diálogo, escucha y propuestas. Informó los requisitos de las propuestas: solidarias, y que revaloricen el crecimiento local.
El secretario de Relaciones Institucionales, Marcelo Fretes, destacó que los aportes se hacen siempre en el escenario de mantener el estatus sanitario alcanzado, con propuestas concretas a corto plazo y que se puedan llevar adelante “pensando en una sociedad más integrada y con mejor desarrollo social”.
Luego, el Defensor del Pueblo, Pablo García Nieto, celebró la mesa con las organizaciones que custodian los Derechos Humanos. “Celebro venir a aprender de todos ustedes y que nos miremos a los ojos para trabajar juntos. Es fundamental para pensar un mundo, un país y una provincia y pensar en los DDHH como eje para el desarrollo de la sociedad”.
Una vez realizada las presentaciones, el grupo de ONG pasó a debatir en otro salón del primer piso del Centro Cívico.
Agrupaciones de DDHH
Gabriel Farías, de la Agrupación HIJOS, contó que están pasando por un momento complicado por los juicios, una lucha que sostienen desde hace años. El COVID-19 trajo consigo el beneficio de prisión domiciliaria y quieren trabajar para que un genocida no tenga ese beneficio.
Aubone señaló que debe haber prisión efectiva en estos casos y trabajan en esa línea.
De la Liga Argentina por los DDHH, Silvia Gómez, dijo que proponen la formación de la policía con valores democráticos ya que son quienes deben garantizar la seguridad y bienestar de las personas.
También propuso crear un organismo mixto integrado por el sector público y privado para observar procesos policiales y prevenir excesos.
Garantizar los derechos esenciales como salud, garantizar la continuidad de juicios de lesa humanidad y que sean prioridad, el repudio a la posible prisión domiciliaria al genocida De Marchi, y que los violentos y abusadores sean condenados, fueron otros pedidos de la agrupación.
Graciela Rodríguez, coordinadora de la Mesa Plural por los Derechos de la Mujer, que tiene varios movimientos de mujeres participando, dijo que se propusieron una agenda común para trabajar por los derechos de la mujer.
“Vemos que se agravaron hechos de violencia intrafamiliar y la pérdida de empleo, en eso nos concentramos en este momento. Pedimos articular con el Estado para tener mayor alcance en las acciones”.
Federico Zapata, de la Fundación Espartanos, contó que trabajan con personas privadas de libertad para que a través del deporte y la cultura para que puedan reinsertarse en la sociedad, y hace 2 años trabajan en la provincia con rugby. El deporte les transmitió muchos valores como amistad, solidaridad y respeto. Actualmente tienen pabellón propio en el penal donde la gente del proyecto está aislada del resto de la población. “Sería bueno ampliar este proyecto cuyos resultados están demostrados. Proponemos avanzar en la educación en el servicio penitenciario porque no tener educación es no tener oportunidades. Ellos quieren integrarse a la sociedad. Queremos trabajar en más talleres. La fundación ya invirtió en la construcción de un aula-taller”.
El representante en la provincia del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Rodolfo Domínguez, destacó la buena relación entre Provincia y Nación, poniendo como ejemplo el convenido recientemente firmado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de San Juan a través del cual se creará el Instituto de Capacitación en Seguridad Pública, que tiene como función capacitar no solo a los funcionarios policiales sino también a los funcionarios políticos. Además, se refirió a la necesidad de que nadie se quede sin trabajo en la pospandemia, abogando asimismo por la inclusión laboral de la comunidad trans, entre otros sectores.
Luana Funes, de Asociación LED de chicas trans que trabajan en La Bebida con un merendero, pidió prioridad para el colectivo trans que tiene aprobación de cupo laboral trans en un municipio de San Juan y actualmente luchan para llevar el proyecto y que sea ley en la provincia. “De lo contrario la única salida laboral es el trabajo sexual. Somos excluidas de la vivienda, del trabajo digno, de ser escuchadas y hasta de tener la oportunidad del buen trato en un centro de salud. Queremos trabajar para que las leyes sean igualitarias y que no quede en el aire, y que no seamos mal miradas por nadie, tenemos las mismas capacidades”.
Luciana Mazuelos, de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, planteó el derecho a la salud. “Es indispensable que la provincia fortalezca el programa de salud sexual y en este sentido la menos nombrada es la violación marital y eso ocurre, tenemos relevamientos. Esto está lamentablemente naturalizado, esas mujeres violadas y embarazadas por sus maridos y parejas no tiene derecho al protocolo de aborto no punible. Las organizaciones sociales tenemos que llegar al hospital a recordarle al médico que esa mujer tiene ese derecho”.
Métodos anticonceptivos también deben estar disponibles sobre todo los quirúrgicos, que es también un derecho humano de salud. Que se haga campaña de difusión de estos derechos fue otra propuesta.
Otro aporte fue garantizar el derecho a la educación con perspectiva de género y derechos humanos. Que sea prioridad el cupo laboral trans.
Patricia, de la mesa Plural de Mujeres, Agrupación Santos Guayama, focalizada en la mujer rural, destacó que se necesitan oportunidades de trabajo para ese grupo. “Son mujeres que no tienen estudios, las chicas de 14 años se quedan embarazadas y se quedan teniendo hijos sin saber siquiera sobre sexualidad. Estamos en la pobreza total en el campo, sin trabajo, sin oportunidades, sin estudio. Quiero que mi hija crezca con oportunidades y segura”.
De la agrupación Acercándonos San Juan por derechos LGBTQ+, Érica Manrique pidió un área de Diversidad donde puedan tener capacitaciones y educación. También pidió por cupos de trabajo.
Mónica Lencinas, de AMMAR, dijo que “pedimos más que aportamos porque tenemos muchos problemas. Queremos el reconocimiento de nuestro sector y derechos laborales para quienes quieren ser trabajadores sexual y oportunidades para quienes quieren salir de la actividad. Nos ven como bichos raros y no lo somos, necesitamos gente capacitada en la diversidad. Muchas compañeras están en situación de calle porque no pueden trabajar y bancarse un alquiler y tampoco pueden volver a su casa porque ya están excluidas”.
Alejandro Romero, de la Asociación Civil Jóvenes + San Juan, de jóvenes con VIH, contó que su actividad es la asistencia a este grupo en materia de salud principalmente. Propuso realizar intervenciones y campañas de concientización respecto a que una persona con VIH puede vivir como cualquiera, ya que hoy siguen estigmatizadas. “La vida de una persona con VIH es muy compleja porque, por ejemplo, no está regulado el tema de análisis preocupacionales para ingresar al mundo laboral. El test de VIH es confidencial pero algunas empresas no informan y lo hacen eso, después no le informan su estado al postulante y obviamente si dio positivo, no lo toman. Otra propuesta es promover la educación sexual integral con perspectiva de género”, dijo.
El grupo AEqualis Cultura Diversa propuso la promoción de los derechos de las personas sexodiversas porque sufren discriminación solo por no ser heterosexuales y ven vulneradas todos sus derechos.
El diputado provincial Horacio Quiroga celebró la convocatoria del ASJ. “No tengo dudas que en el país y en San Juan cuando nuestros dirigentes toman la decisión de privilegiar la vida sobre otros aspectos, los derechos humanos toman toda su dimensión. Alentarlos en este desafío y asegurarles que desde el legislativo seremos intérpretes de lo que resulte de todas estas mesas. Contención y aliento es el mandato del gobernador”.
Laura Vera, de la Asociación Amas de Casa del País, se refirió a las violencias que sufren las mujeres en el hogar y fuera de él. “Acudimos en muchos casos de violencia en el hogar cuando no podían hacer la denuncia. La violencia obstétrica se vio intensificada en la parte pública y privada. El aporte es replicar lo que ya hacemos, tenemos un hogar donde lo primero es la contención, luego capacitación y trabajo, que en la pospandemia será más escaso. La propuesta está enfocada en que se cumpla la Ley de Góndolas, según la cual los comercios están obligados a que un porcentaje de lo que venden sea de producción local”.
Otra propuesta es que se garantice el acompañamiento integral de las víctimas de violencia y ayudarlas a que logren la independencia económica. Energía eléctrica, agua, gas e internet deben ser considerados derechos humanos. El acceso a la vivienda debe estar garantizado para todos.
Nadia Gómez, del Consejo de Participación Indígena del Pueblo Huarpe, contó que la pandemia trajo muchas complicaciones y atrasos en los derechos humanos como el acceso al agua y a la tierra. “Después de un mes se dieron cuenta que los niños rurales no tienen teléfono ni internet y las guías en papel llegaron una sola vez en muchas zonas, esos chicos se quedaron sin escuela”.
De Mujeres y Género Dignidad Ciudadana, Carmen Jofré contó que en el contexto de pandemia la diferencia entre chicos que no tienen tecnologías con los que sí tienen se ha incrementado. “Vemos la necesidad de los chicos en zonas periurbanas y rurales, también espacios marginales que tienen derecho al acceso a la educación y necesitan atención diferente porque para ellos no ha sido lo mismo. Necesitan medidas de apoyo especial, personalizado, con docentes que los asistan”.
De la Asociación Civil Infancias Libres, Alejandra Ávila pidió que se capacite a los docentes en infancia transgénero. “Soy mamá de dos preadolescentes trans y noté durante toda su primaria la falta de capacitación del gabinete y de los docentes, y el acompañamiento de les niñes trans es muy importante. Propongo que sea un tema esta problemática”.
Nahuel Mauras, del movimiento MAS, pidió que los chicos de expresiones culturales puedan salir a trabajar. “Estamos en la necesidad inmediata de comer y pedimos que los artistas que salen a trabajar en colectivos y en la calle puedan tener su permiso para hacerlo”.
De La Glorieta, Soledad Correa contó que trabajan con las familias LBGTI donde hay muchas falencias además de problemas básicos en el trabajo, y en la escuela.
Zoe pidió que se respeten los derechos de la mujer trans que son empujadas a ser trabajadoras sexuales. “Muchas chicas trans caen en la calle y ponen en peligro su vida, muchas mueren en la calle. Yo sufrí violencia policial por ejercer la prostitución y aun con mi documento de mujer para el policía soy un varón, fui golpeada y maltratada. Debemos poner fin a la violencia contra la mujer trans desde las instituciones, el colectivo trans tiene derecho a ser parte de la sociedad y dejar de ser los monstruos de la noche”.
Uma, de la organización Mujeres Trans, dijo que quieren capacitar y sociabilizar a la mujer trans. Presentaron un proyecto en Desarrollo Humano para capacitar desde el hogar, a las familias, en la problemática que actualmente enfrenta la comunidad trans. “Queremos demostrar que podemos, que no somos un “colectivo”, somos parte de la sociedad y podemos estudiar y trabajar de cualquier cosa, no queremos un bolsón de mercadería”.
La mesa se cerró con un cúmulo de pedidos y propuestas que ahora se canalizarán para darle forma en la segunda reunión, de cara a la mesa intersectorial.
