La Dirección de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, o como se denomina comúnmente, el Registro Civil (RC), es una institución pública con una importancia fundamental para la vida en sociedad de los sanjuaninos. Inserta dentro de la estructura provincial en el ámbito del Ministerio de Gobierno, depende de la Secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.
Su actividad está regulada principalmente por la Ley Nacional N° 26.413, la cual en su artículo 1° establece: “Todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
La Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas está integrada por cuarenta dos (42) delegaciones zonales, distribuidas en los diecinueve (19) Departamentos de la Provincia de San Juan y una delegación central, ubicada en Santa Fe 54 (Oeste) en el departamento Capital, en la cual tiene asiento la oficina del Director y Subdirector (Alta Dirección), áreas administrativas, Departamento Archivo y Centro de Documentación Rápida (CDR).
Historia
Si bien en la antigüedad existieron registros, el Registro Civil actual tiene como antecedente lejano los registros parroquiales sobre bautismos, matrimonios y defunciones. Con la evolución del Estado en aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, se hizo necesario contar con un organismo que pudiera recabar los datos de las personas para poder brindar mejores servicios.
Así fue como, mediante la Ley Provincial N° 874, se crea en el año 1882 el RC de San Juan, encomendándosele la función de llevar registro de nacimientos, matrimonios y defunciones a partir del 1 de enero de 1883, siendo uno de los primeros registros del país.
Hasta bien avanzado el siglo XX, los únicos instrumentos probatorios de la existencia de una persona eran la partida de nacimiento, otorgada por los registros civiles o el certificado de bautismo que emitía la Iglesia. En 1911, la Ley N° 8129 crea la Libreta de Enrolamiento, que permitía acceder al Padrón Electoral y, al mismo tiempo, garantizaba el cumplimiento del servicio militar obligatorio.
Durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, se dispuso la creación de la Libreta Cívica, que posibilitó el acceso de las mujeres al voto en igualdad de condiciones con los varones.
En 1963, se dictó el Decreto-Ley Nacional N° 8204, que estableció las funciones del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, hoy reemplazada por la Ley Nacional N° 26.413.
En 1968, se sancionó la Ley Nacional N° 17.671 de “Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional”. Esta normativa asignó competencias al RE.NA.PER (Registro Nacional de las Personas) e instruyó el Documento Nacional de Identidad (DNI), vigente hasta la actualidad, delegando en los Registros Civiles de las Provincias la tarea de recepción y captura de datos biométricos para la confección del DNI.
Los productos y servicios brindados por el RC se desarrollaban a través de sistemas que, con el correr del tiempo, se volvieron deficientes. Esto generó, en el año 2009, la necesidad de modernizar la institución a través de la implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con el objetivo principal de lograr un RC ágil, eficiente y transparente, que además comenzó la digitalización de sus archivos.
Además, durante esta época, se desarrollaron cambios en el modo de emitir la identificación de las personas, pasando de un DNI de confección manual a un DNI digital. Además se sumó a los servicios del RC la tramitación de Pasaporte, actividad que antes desempeñaba la Policía Federal Argentina.
