En el marco de la inauguración de la nueva sede de la Agencia de Extensión Rural (AER) Pocito, INTA y Ministerio de Gobierno firmaron convenio con motivo de promover la integración de personas privadas de su libertad.
El convenio es una fuerte apuesta para mejorar la integración social de estas personas, a través del desarrollo de capacidades que le permitan desenvolverse en el mundo laboral, específicamente en tareas de carácter agrícola.
Esta iniciativa, ofrecerá al os participantes la posibilidad de adquirir conocimientos teóricos y prácticos en producción agroecológica. La capacitación, brindará formación teórica y práctica en producción hortofrutícola, riego, poda, nutrición, manejo integrado de plagas y enfermedades, conservación de suelo y mecanización agrícola. En este orden, los beneficiados directos del proyecto recibirán clases teóricas brindadas por el personal del INTA, tanto sobre las tareas que requieran especialización en cada uno de los sistemas productivos como de aquellas disciplinas transversales.
Los terrenos y cultivos implantados en el EEA INTA San Juan y en el Campo Anexo de San Martín (CASAM) serán los sitios de práctica de estas capacitaciones. Las actividades comprenden fruticultura, viticultura, horticultura, riego, maquinaria agrícola, olivicultura, producción de semillas, asociativismo y administración rural.
También, el proyecto comprende la instrucción en el diseño de un plan de agropecuaria agroecológica que tenga como meta el abastecimiento de los productos agropecuarios requeridos por los residentes del servicio penitenciario.
Este convenio, con amplia perspectiva sobre los Derechos Humano, se encuentra integrado por un comité coordinador con integrantes del INTA y el Ministerio de Gobierno, a través de su Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad y Orden Público.
El comité coordinador estará a cargo de preparar el programa anual de actividades, proceder al seguimiento de los trabajos aestablecer el grado de avance del proyecto afectados al trabajo.
En este contexto, el INTA y el Ministerio de Gobierno conducirán los trabajos necesarios para el logro de los objetivos. A su vez, serán responsables de la ejecución técnica y administrativa, como también de aportar los recursos económicos y físicos necesarios.
El convenio tiene la duración de un año, con posibilidad de prórroga.
