El Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social a través de la Dirección de las Mujeres Género y Diversidad, se reunió con referentes de las Áreas Sociales departamentales del Gran San Juan (Capital, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía).
El eje central de la reunión fue dar cuenta de las principales acciones estratégicas que demandan las mujeres y el colectivo LGTBQI+ como titulares de derechos; para reforzar los avanzar en los abordajes de forma sostenida.
En este sentido, se busca fortalecer los vínculos de colaboración y trabajo intersectorial entre las distintas áreas, estableciendo mesas y redes de trabajo con el objeto de incluir el enfoque de género en derechos humanos en cada una de las áreas. De esta manera, el Estado pretende fortalecer la capacidad de acción interinstitucional, logrando fortalecer las redes territoriales de acompañamiento a las mujeres y las disidencias.
Encabezó la reunión con los y las responsables, la subdirectora de las Mujeres, Género y Diversidad, Victoria Benítez para delinear y definir acciones que profundicen las acciones y políticas en territorio de manera integral y transversal.
Finalizada la reunión, la funcionara manifestó “buscamos profundizar el trabajo que venimos llevando a cabo en cada comuna, consolidando el abordaje de los equipos técnicos, considerando la responsabilidad que existe desde la función pública ante la violencia de género, el objetivo de esta reunión es aunar criterios, y trabajar de manera articulada con cada área, reforzando los criterios de intervención”.
En este sentido, el enfoque de género en los organismos gubernamentales como en los abordajes contribuye a una implementación fundamental sobre directrices institucionales, orientadas a favorecer la igualdad de oportunidades para las mujeres y el colectivo de la diversidad, promoviendo espacios de reflexión y atención a las necesidades y problemáticas territoriales en materia de género.
Las Áreas Mujer de los 19 municipios brindan contención y asesoramiento con el objeto de garantizar los derechos de las personas víctimas de delitos que establece tres principios rectores: rápida intervención, enfoque diferencial y no revictimización.
