El Estado provincial continúa desarrollando políticas públicas orientadas a la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes que permitan identificar cuando exista una vulneración de los mismos, arbitrando medidas preventivas y promocionales en relación a la niñez, adolescencia y su medio sociofamiliar.
En ese sentido, surge el Programa “Fortalecimiento Familiar”, desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, con el fin de contribuir en la consolidación del sistema vincular de NNyA.
Estas acciones buscan la restitución o reparación de cualquier derecho vulnerado, amparado en la Ley 26.061, para garantizar la protección necesaria para un pleno desarrollo dentro de la comunidad de pertenencia.
Es la DiNAF quien se encarga del diseño, instrumentación, ejecución y control de estas acciones públicas dirigidas a la protección y promoción de una niñez y adolescencia en familia.
Por este motivo, la población destinataria de las intervenciones del Programa está conformada por todo niño, niña y adolescente menor de 18 años que esté expuesto a factores de riesgo y/o vulneración de derechos, o cuando las condiciones imperantes en su medio socio familiar estén afectándolo perjudicialmente en su desarrollo bio psico social y se requiera del acompañamiento y orientación por parte del Programa Fortalecimiento Familiar.
Para esto, el programa se encuentra constituido por un equipo técnico de más de 30 profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, técnicos y operadores). Son ellos los encargados de llevar adelante las líneas de acción de Fortalecimiento Familiar, entre las que se encuentran: instancia de admisión (espontánea, derivación línea 102 u oficios judiciales); medidas de protección integrales (MPI); medidas de protección excepcionales (MPE) y posterior seguimiento.
En cuanto a las medidas de protección integrales, implican el trazado de un plan estratégico de restitución de derechos diseñado en relación a la particularidad de cada caso, previo al abordaje integral del grupo familiar.
En el caso de que, pese a la aplicación del plan estratégico de restitución de derechos, la situación problemática haya persistido, o que la gravedad de la que reviste el riesgo al que está expuesto el niño, niña o adolescente sea tal que amerite su inmediato resguardo fuera de su núcleo familiar de convivencia, se procede a la intervención a través de medidas de protección excepcionales (MPE).
En ambos casos, siempre el abordaje se realiza bajo los términos y plazos que se encuentran estipulados en la Ley de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes (26.061).
Resulta significativo mencionar que en cada una de las instancias está presente la asistencia técnica en lo que concierne a los abordajes integrales que los equipos técnicos efectúan. Aquí pueden mencionarse las entrevistas, tanto individuales como familiares, las evaluaciones psicológicas y socio ambientales, así como los abordajes en terreno. La asistencia económica bajo modalidad de ayuda alimentaria y/o material en términos generales, es también una prestación otorgada pero que tiene lugar exclusivamente en el marco de un plan de acción trazado por el equipo técnico conforme a al proceso de intervención familiar.
Es importante destacar que en cada una de las líneas de acción se efectúan articulaciones intra e interinstitucionales, todas ellas tendientes a garantizar la integralidad del abordaje realizado con el fin de cumplir con la restitución plena de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Las primeras de ellas son aquellas que implican acciones mancomunadas entre Programas pertenecientes a DiNAF, como suele suceder con el Área Salud o Centros de Desarrollo Infantil. Las articulaciones inter institucionales responden al accionar conforme al principio de corresponsabilidad como se da de modo continuo con el resto de las reparticiones del Estado provincial.
