Frente a un hecho de trata y explotación de personas, en Argentina, desde la sanción de la Ley Nacional N°26.364, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es quien actúa en primera instancia para la asistencia de las víctimas de este flagelo. Ofreciendo asistencia médica, jurídica, psicológica, social, entre otros.
El Programa cuenta con oficinas regionales, pero no existe una delegación en San Juan. Es por ello que, en nuestra provincia, es la Dirección de Género dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, quien se encarga de dar soluciones inmediatas para los damnificados.
De esta manera, la articulación institucional entre la provincia y el Estado nacional, podrá proporcionar acciones más eficaces en cuanto a la asistencia a las víctimas y la prevención de este problema social.
La trata de personas es un delito que viola los derechos de la persona, ya que considera a las personas como mercancía. Esto Implica la captación y la explotación con fines sexuales, trabajo forzoso o la esclavitud.
Es muy importante, el trabajo mancomunado de toda la sociedad para acabar con tal flagelo. Así es que, el Estado nacional tiene a disposición la línea 145; con atención telefónica gratuita, funcionando las 24 horas, los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas.
El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano pone en énfasis la protección de los derechos humanos. En este sentido, se realizan acciones que sean eficaces y eficientes para las víctimas de trata.
Así es que, el ministro Carlos Platero, junto con el subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Blanquier y la directora de Género, Daiana Guzmán y demás representantes de la cartera social recibieron a la representante del Ministerio de Justicia de la Nación Lic. Daniela Gasparini, perteneciente del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de la Trata, para articular acciones en prevención, asistencia y fortalecimiento institucional definiendo políticas públicas asegurando a todas las víctimas el pleno ejercicio de sus derechos.
