Este miércoles en el Ministerio de Desarrollo Humano, autoridades de la cartera social presentaron el Informe Preliminar sobre sobre Violencia Familiar en San Juan, con el objetivo de conocer las características de las víctimas y analizar las causas socioculturales y psicosociales de la violencia contra la mujer. Todo ello a los fines de proponer políticas públicas de Gobierno.
La actividad estuvo presidida por el ministro Armando Sánchez, acompañado por el intendente de Pocito, Fabián Aballay; el secretario de Promoción Social, Lucio González; el subsecretario de Promoción, Protección y Desarrollo Social, Nelson Lezcano; la directora y subdirectora de Mujer, Adriana Ginestar y Victoria Benitez, respectivamente; la jueza de Paz de Capital, Alejandra Dománico; la coordinadora de la Oficina de la Corte de la Mujer, Carolina Vallejo; y la directora de la Mujer de Pocito, Mónica Navarro, entre otros funcionarios.
En el marco de este programa se trabaja sobre violencia familiar en toda la provincia y los datos de denuncias de víctimas de violencia familiar presentados en la cartera social, corresponden al primer semestre de 2018, y trata casos nuevos, es decir casos en los que se solicita medidas de protección por primera vez, no reincidentes.
El total de casos nuevos de enero a junio de este año, fueron 1912, y los datos se recabaron en cada uno de los 19 departamentos.
La cantidad de casos y su variación está relacionada con el número de habitantes por departamento, el contexto sociocultural y el acceso a información sobre sitios destinados a brindar ayuda a las víctimas de violencia familiar.
Según detalló Adriana Ginestar, el número mayor de víctimas ronda entre los 18 y los 28 años de edad. En la mayor cantidad de casos registrados, los agresores pertenecen al grupo etario que va desde los 29 a los 39 años.
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Respecto al nivel de instrucción de la víctima, prosiguió la directora provincial, los guarismos nos revelan que el 47% tiene solamente estudios primarios completos. El 37% logró completar sus estudios secundarios, y casi el 10% tiene nivel universitario o terciario.
Por su lado, se destaca que el 48% de los agresores tiene nivel primario completo, un 27% terminó el secundario y un 4% tiene nivel terciario o universitario.
Tomando en cuenta los ingresos monetarios de las víctimas, se constató que el 29% tiene trabajo, el 22% no están empleadas, el 23% tiene algún beneficio social, el 7% dispone de un beneficio previsional y sólo el 0,5% recibe cuota alimentaria para sus hijos.
En cambio, las personas agresoras, en un 72% tiene trabajo, mientras que el 26% no lo tiene. Al momento de analizar el tipo de sexo de las personas denunciantes, el resultado muestra que el 97% son mujeres y el 3% hombres, y el tipo de violencia ejercida es en un 53% psicológica y física y en un 43% sólo psicológica.
Tomando en cuenta si la persona agresora tenía algún tipo de problema de adicción, los estudios revelaron que en un 83% de los casos no hubo consumo de drogas o alcohol, es decir que sus actos no estaban influenciados por estas sustancias.
